El gobierno nacional aprovecha los buenos vientos legislativos, mientras el escenario social recrudece. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara otro decreto para desregular la actividad de la Marina Mercante y en este sentido ataca una figura clave en dicho sector. El proyecto introduce un cambio estructural en el sistema de practicaje al eliminar el esquema cerrado vigente y reemplazarlo por un registro abierto. Este no es el primer decreto de desregulación a dicha actividad del ya tres veces funcionario: en 2025 publicó el decreto Nº 340 para modificar el funcionamiento de la Marina Mercante. Sin embargo, aquella vez el decreto quedó en los hechos frenado en medio de una fuerte resistencia política, sindical y judicial. Aunque el gobierno de Javier Milei buscó avanzar con su implementación para reducir costos y abrir el cabotaje a la competencia internacional, distintos actores del sector presentaron amparos y cautelares que bloquearon parcialmente su aplicación. A esto se suma el cuestionamiento por posibles conflictos con leyes vigentes, especialmente en materia laboral y de navegación, lo que también abrió dudas sobre su constitucionalidad. El eje de la disputa pasó por el impacto estructural de la medida: mientras el oficialismo sostiene que permitirá mejorar la competitividad logística, gremios y sectores vinculados a la actividad advierten que podría desarticular la marina mercante nacional, habilitando esquemas de “bandera de conveniencia” y afectando el empleo argentino. Fuentes calificadas confirmaron en diálogo con este medio que el ministro de Desregulación prepara un decreto clave para modificar el sistema de practicaje. Es decir, el sistema que regula la actividad de los prácticos. La actividad de los prácticos en la marina mercante argentina es un servicio técnico esencial para la navegación segura en aguas restringidas, como ríos, canales, accesos portuarios y zonas de maniobra compleja. Se trata de marinos altamente capacitados que asesoran al capitán de un buque —sin reemplazar su autoridad— y aportan conocimiento experto sobre condiciones locales: profundidades, corrientes, mareas, vientos, tráfico y particularidades de cada puerto o vía navegable, especialmente en sistemas exigentes como la Hidrovía Paraná-Paraguay. En Argentina, el practicaje es obligatorio en la mayoría de los casos y está regulado por la autoridad marítima, con un esquema profesional altamente especializado y con fuerte tradición. Su rol es clave para evitar accidentes, encalladuras o colisiones, y por eso es considerado un eslabón crítico en la logística del comercio exterior. Al mismo tiempo, es una actividad históricamente cerrada y con altos requisitos de habilitación, lo que la ha puesto en el centro del debate cada vez que se plantean reformas o desregulaciones del sistema de transporte fluvial y marítimo. Es necesario agregar que la actividad tiene una excelente remuneración y que debe ser pagada por la empresa propietaria o explotadora de la embarcación. En la práctica operativa, ese costo suele ser gestionado por el agente marítimo del buque en el puerto, que coordina el servicio y liquida los honorarios, pero el gasto final recae sobre el armador. “El proyecto busca modificar el sistema de practicaje pero no plantea la eliminación de la actividad”, aseguró una voz muy cercana al gobierno nacional, en diálogo con El Cronista. El objetivo de Sturzenegger sería reducir costos logísticos para las operadoras y por lógica a las cerealeras exportadoras, que son aquellas que más usan estos servicios para exportar sus mercancías. Si bien la letra chica del decreto todavía no está lista, se barajan ciertas alternativas como prescindir de prácticos en algunos casos bajo ciertas condiciones. Fuentes calificadas aseguraron que desde el ministerio de Sturzenegger creen que hay “muchas operaciones que no requieren de un práctico y sus altos costos”. Según pudo averiguar El Cronista, el decreto no estaría listo para ser presentado esta semana, pero se está trabajando en ello. Desde el sector, en repetidas ocasiones han advertido a El Cronista la peligrosidad de prescindir de los servicios de estos trabajadores y la seguridad jurídica para las empresas. El Cronista accedió al proyecto de decreto introduce un cambio estructural en el sistema de practicaje y pilotaje. Bajo el nuevo texto, cualquier profesional que cumpla con los requisitos podrá inscribirse, sin cupos ni restricciones de ingreso. De este modo, los prácticos pasarán a desempeñarse como trabajadores independientes, contratados libremente por los usuarios, lo que para Sturzenegger implica una ruptura con el modelo corporativo que rigió durante décadas. Según advirtieron fuentes allegadas a la Armada a este medio, el objetivo final de la iniciativa es avanzar hacia un esquema en el que el servicio sea, en la práctica, optativo, especialmente para buques extranjeros. En materia tarifaria, la iniciativa avanza hacia una desregulación con intervención limitada del Estado. Los precios del servicio serán acordados entre privados, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer tarifas máximas. A su vez, se introduce la obligación de transparentar los valores, mediante su publicación periódica y reporte a las autoridades. En ese marco, desde el sector advierten que el impacto real no solo dependerá de la oferta y demanda, sino también de factores externos como las aseguradoras, que podrían negarse a cubrir siniestros en caso de que un buque opere sin práctico. Otro de los cambios relevantes es la eliminación del denominado “paquete obligatorio” de servicios. El práctico ya no podrá imponer la contratación de prestaciones adicionales, como el transporte, que quedará completamente liberalizado. Esto permitirá que los armadores o usuarios contraten estos servicios con terceros o los provean por su cuenta, abriendo un segmento del negocio hasta ahora restringido. Desde el ámbito marítimo señalan que esta desintegración de servicios forma parte de una lógica más amplia de apertura del mercado. El texto también contempla modificaciones para la operatoria de buques extranjeros. En ese sentido, flexibiliza la exigencia de contar con práctico o baqueano en determinados casos, especialmente cuando el capitán acredite conocimiento de la zona, y habilita el uso del idioma inglés como lengua operativa. Sin embargo, voces técnicas advierten sobre los riesgos: un capitán que ingrese a un puerto o vía navegable con baja frecuencia y sin asistencia podría enfrentar consecuencias severas ante cualquier incidente. En línea con esa flexibilización, se prevé una revisión de los criterios que determinan cuándo el servicio de practicaje es obligatorio. El proyecto apunta a modificar parámetros como eslora, calado y zonas de navegación, con el objetivo de elevar los umbrales actuales y reducir la cantidad de buques alcanzados por la obligación. Para fuentes del sector, esto consolida la idea de un sistema cada vez menos exigente en términos de obligatoriedad. El rediseño institucional es otro de los pilares del decreto. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación pasará a concentrar la regulación económica del sistema, mientras que la Prefectura Naval mantendrá sus competencias en materia de seguridad. Sin embargo, en paralelo se abre una disputa con la Armada por el control de áreas clave: el borrador prevé el traspaso de escuelas de formación y funciones vinculadas a la representación internacional, lo que implicaría una pérdida de atribuciones y presupuesto para la fuerza naval. Desde el ámbito marítimo advierten que el foco del conflicto no será estrictamente laboral, sino la eventual baja en los estándares de formación y calificación profesional. En ese sentido, el proyecto también introduce cambios en los esquemas de capacitación. Se prevé que la autoridad competente elabore un nuevo plan de formación en un plazo determinado, bajo el argumento de que los requisitos actuales son excesivos. Según interpretan fuentes del sector, esto podría traducirse en carreras más cortas y una mayor oferta de profesionales, con impacto directo en los niveles salariales y en la calidad del servicio. Aun así, dentro del ámbito marítimo no descartan que el decreto pueda sufrir modificaciones antes de su publicación o incluso ser ajustado posteriormente, en función de resistencias internas y objeciones de áreas como Defensa, a cargo de Carlos Presti.