El impacto del paro general de la CGT de este jueves 19 de febrero ya se siente, en particular debido a la adhesión de los gremios del transporte público. Con las principales estaciones y paradas vacías, trenes, la mayoría de los colectivos y los subtes están paralizados, al igual que los principales servicios. Esto ocurre pese a que, horas antes de las 00 de esta jornada; cuando comenzó el paro, el Gobierno nacional escaló la tensión con los sindicatos del transporte e intimó a la UTA y La Fraternidad a prestar servicios igualmente. Lo hizo a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, entidad que emitió un comunicado oficial exigiendo a los colectiveros y maquinistas ferroviarios a abstenerse de tomar cualquier medida de acción directa mientras rige una conciliación laboral obligatoria. El texto oficial señala: “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”. Sin embargo, ambos gremios incumplieron y se plegaron al reclamo de la Confederación General del Trabajo por la reforma laboral que la Cámara de Diputados tratará este jueves. Desde UTA además consignaron a El Cronista que la conciliación dictada por el Gobierno responde a un reclamo salarial: “Este es un conflicto totalmente distinto, determinado por una entidad superior a la cual nosotros estamos confederados”. La advertencia del Gobierno no cayó en el vacío porque los conflictos con ambos gremios tienen antecedentes concretos. La Fraternidad tiene una conciliación obligatoria vigente desde el 5 de febrero, cuando la Secretaría de Trabajo la dictó para frenar un paro ferroviario que estaba programado para ese mismo día. La medida, encuadrada en la Ley N.º 14.786, rige por 15 días hábiles, lo que la extiende hasta el 27 de febrero. El conflicto de fondo es salarial: el gremio que conduce Omar Maturano reclamaba una recomposición paritaria a las empresas Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística, Metrovías y Ferrovías. Para la UTA, por su parte, rige una conciliación dictada el 11 de febrero en el marco de su disputa con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas del interior del país. Esa instancia rige hasta el 26 de febrero. El problema, desde la óptica oficial, es que ambas conciliaciones siguen activas. Por ello, el Gobierno asegura que adherir al paro mientras están en vigor implica, en principio, una violación legal. Sin embargo, ambos gremios piensan distinto.
