

El Gobierno rechazó el despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Lo hizo a través de un comunicado oficial de la Cancillería, en el que expuso los motivos de su rechazo y planteó un reclamo que va más allá de la visita.
Según el texto difundido por la Cancillería, las actividades de la princesa se llevan a cabo “en ejercicio de la ocupación ilegal británica”. El Ejecutivo sostuvo que esa ocupación abarca las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El comunicado fue más allá y calificó la visita oficial como una provocación. El Gobierno la enmarcó en un contexto puntual: el Reino Unido avanza, según la postura argentina, en la explotación ilegal y unilateral de hidrocarburos mediante el otorgamiento de licencias que Argentina considera ilegítimas.
Ese escenario ya tuvo consecuencias en el plano internacional: Argentina inició un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y pidió medidas provisionales de urgencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
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— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) November 17, 2026
El pedido del Gobierno al Reino Unido
Para cerrar, la Cancillería volvió a convocar al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía. El Gobierno planteó que esa reanudación debe darse en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y de las demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de su Comité Especial de Descolonización.
El comunicado concluyó con un mensaje directo: según el Gobierno, es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a lo que calificó de “anacrónica situación colonial” en los archipiélagos, que Argentina considera parte integrante de su territorio.

















