Diputados aprobó por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones la reforma de Inviolabilidad Propiedad Privada con cambios en desalojos, usurpaciones y expropiaciones. El texto le sumó la restitución de la Ley de Tierras que había derogado el DNU 70/2023. Como modificó el texto, el proyecto vuelve al Senado, mientras la sesión avanza con Discapacidad, endeudamiento familiar, medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.
La sesión comenzó desde el mediodía con un temario que atraviesa algunos de los asuntos más sensibles de la agenda política: también tratarán Discapacidad, Endeudamiento Familiar, y proyectos de aliados sobre medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural. Durante la jornada, La Libertad Avanza buscará hacer valer sus dictámenes de mayoría con acuerdos de último minuto con los bloques provinciales.
Por primera vez, el oficialismo promoverá iniciativas legislativas que fueron incentivadas por la oposición y que, en algunos casos, contradicen lo que planteó originalmente el Ejecutivo, como es en el caso del nuevo texto de Discapacidad y el acuerdo en Propiedad Privada para restituir la Ley de Tierras.
La ley que promovió el ministro Federico Sturzenegger, que fue desguazada durante su paso por el Senado, fue aprobada en Diputados por LLA, el PRO, la UCR, la exlibertaria Lourdes Arrieta, Santa Cruz, San Juan y los de Provincias Unidas que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Hubo votos divididos: en Argentina Federal, el salteño Bernardo Biella votó a favor, mientras que Yolanda Vega y Pablo Outes se ausentaron. Por su parte, el puntano Claudio Álvarez votó a favor, y los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Daniel Vancsik también dieron luz verde, pero Alberto Arrua y Yamila Ruiz votaron en contra.
Votaron en contra también otros aliados como Catamarca y Tucumán, que responden a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Fueron clave para que gane la votación las abstenciones de los diputados cordobeses de Martín Llaryora. También se abstuvo Álvaro González, de Horacio Rodríguez Larreta, el jujeño Jorge Rizzoti, que responde al gobernador Carlos Sadir, y la exlibertaria Marcela Pagano. Si votaban en contra, se caía la ley.
Propiedad privada: vuelven los límites de la Ley de Tierras
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue el primero de la sesión y ya tiene media sanción del Senado desde el 6 de agosto. En el plenario de Legislación General y Asuntos Constitucionales de Diputados, el oficialismo le sumó un capítulo de dos artículos: uno que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. El artículo 39, además, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737.
Esa norma fija que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, y que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese cupo. También limita a 1.000 hectáreas por titular extranjero la superficie en la zona núcleo y prohíbe la titularidad extranjera de inmuebles que contengan o linden con grandes espejos de agua.
En la versión original de Propiedad Privada que se trató en el Senado el oficialismo había intentado flexibilizar esos límites, pero fracasó la negociación. Ahora deberá volver a la Cámara alta para que aprueben estas modificaciones.
En Diputados, este capítulo fue aprobado por una amplia mayoría que contrastó con los votos ajustados del proyecto en general: 239 votos afirmativos, 4 negativos y 6 abstenciones. Entre ellos, diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los disidentes de Provincias Unidas, los de Catamarca y el MID, además de La Libertad Avanza y los aliados.
Votaron en contra de restituir Tierras dos de de Tucumán (Jaldo), la neuquina Karina Maureira, y un salteño de Argentina Federal, Pablo Outes. La Izquierda, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), y Marcela Pagano se abstuvieron. Se ausentaron el tucumano Javier Noguera (también de Jaldo), el jujeño Jorge Rizzotti, la saltea Yolanda Vega, y el chubutense Jorge Ávila.
La reposición de ahora tiene una explicación política: la Corte Suprema había dictado una cautelar interina que suspendió la derogación, y la oposición convocó una sesión para rechazar el DNU 70 completo. Con el capítulo de Tierras, el oficialismo consiguió que los aliados no acompañaran esa ofensiva, que finalmente quedó a ocho diputados del quórum la semana pasada.
Pero el resto del proyecto modifica sobre otros temas que, entre Tierras y la ley de Manejo de Fuego -otro capítulo que bajó el Senado- pasó más desapercibido del debate público. En expropiaciones, reforma la Ley 21.499: la declaración de utilidad pública deberá explicar el motivo concreto y demostrar necesidad y proporcionalidad. La indemnización se actualizará por IPC más una tasa comercial e incluirá el lucro cesante si se acredita, con un tope del 30%.
En usurpaciones, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble, y el dueño que lo acredite con documentos podrá exigir la restitución en 72 horas. Los desalojos pasan a la vía sumarísima, pero el propietario deberá intimar al inquilino y darle al menos diez días para pagar antes de demandar. Si en el inmueble hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores vulnerables, un protocolo garantiza una solución habitacional transitoria en diez días. Además, el proyecto amplía la Ley Pierri para que las familias que acrediten diez años de posesión pacífica de su única vivienda puedan escriturarla.
Otros temas de la sesión
Fentanilo: trazabilidad de medicamentos de alto riesgo
Fue un punto del temario con consenso pleno y se votó casi por unanimidad, excepto por la diputada Marcela Pagano, la única que votó en contra. Tuvo 241 votos afirmativos, 1 negativo y 5 abstenciones, que fueron del Frente de Izquierda. El dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública unificó proyectos de Silvana Giudici (LLA), Danya Tavela, Mónica Fein, Victoria Tolosa Paz y Marcela Pagano, y responde a la crisis del fentanilo contaminado de 2025, vinculada a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Los registros de víctimas fatales varían: entre 90 y más de 100 muertes, según la fuente.
El proyecto alcanza a los medicamentos de aplicación inyectable o parenteral cuya contaminación pueda comprometer gravemente la salud, y a sus principios activos. Crea un módulo dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad que registra cada etapa: importación, producción, fraccionamiento, distribución, dispensa y administración, con lote, participantes, fecha y hora.
Cada unidad llevará un código y un número de serie, y cada aplicación en un centro de salud quedará vinculada al paciente y al lote. Ante sospechas fundadas de contaminación, la autoridad podrá bloquear lotes completos de inmediato. Los eventos adversos graves deberán notificarse en 24 horas a la ANMAT, al Ministerio de Salud y a la autoridad provincial. Las sanciones van del apercibimiento a la clausura, con multas de 30 a 1.600 unidades fijas.
Discapacidad: fin de la emergencia
El dictamen de mayoría se llama “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” y convierte en permanentes los beneficios de la Ley de Emergencia 27.793 que sancionó la oposición el año pasado.
Pese al proyecto que presentó la Casa Rosada para modificar todo ese sistema, el acuerdo del oficialismo y aliados mantiene el sistema de prestaciones de la Ley 24.901, con terapias universales, nomenclador único y actualización automática y mensual por IPC.
Las pensiones seguirán en el 70% de la jubilación mínima y serán compatibles con un empleo registrado hasta dos salarios mínimos. La cobertura de Incluir Salud alcanzará a todas las personas con discapacidad, incluidas las que cobran la vieja pensión por invalidez.
A pedido del PRO, el texto obliga a fijar en 30 días un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. Como contrapartida, el Gobierno podrá negar pensiones después de un estudio socioambiental y hará cruces periódicos de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Tampoco permite cobrar la pensión junto con planes sociales ni tener más de una vivienda, aunque este último requisito podría caerse.
El bloque Argentina Federal firmó el dictamen en disidencia con reclamos apuntados al financiamiento: el bloque pidió una partida específica y protegida, que no dependa de la disponibilidad de otras partidas, y que se actualice cada tres meses. Pidió fijar por ley “un presupuesto real, auditable”, porque de lo contrario se convalidaría “el ajuste encubierto por la vía de la licuación inflacionaria”.
En pensiones, el bloque propuso que quien supere el tope de ingresos sufra una suspensión transitoria del beneficio y no la baja definitiva, con restitución automática cuando su ingreso vuelva a quedar debajo del límite. También reclama un registro público que distinga la deuda con prestadores devengada de la efectivamente pagada, y una cláusula que impida que Nación traslade sus obligaciones a las provincias -lo contrario a lo que quería el ministro de Salud, Mario Lugones-.
En el recinto, a la hora de votar el dictamen, anunciarán la versión final que unifica ambos posturas. Del otro lado, el dictamen de minoría de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca prorroga la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese bloque cuestiona que el texto oficialista deje criterios centrales librados a la reglamentación y advierte que hay 324.303 solicitudes de pensión pendientes.
Vandalismo rural
El dictamen de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura reunió 41 firmas. Toma como base los proyectos de Martín Ardohain (PRO) y de Ramiro Gutiérrez (UxP), y suma dos figuras al Código Penal. El artículo 150 bis castiga con prisión de un mes a un año el ingreso a un campo contra la voluntad de quien tiene derecho a excluir, que se presume cuando hay alambrados, cercos o carteles. No hay delito si el ingreso responde a una necesidad o a un auxilio, o si no se distingue el límite con la vía pública.
El artículo 184 bis castiga con prisión de dos a ocho años, y una multa de tres a doce veces el valor del daño, la destrucción de bienes agropecuarios. Incluye granos sin cosechar o almacenados en silobolsas y tolvas, plantaciones, ganado, alfalfares, y también alambrados, tranqueras, silos, corrales, paneles solares, bombas y sistemas de riego. La pena se duplica si el autor es funcionario público o si se aprovecha de una relación laboral o de confianza con la víctima.
Endeudamiento familiar: transparencia contra alivio
Este proyecto es el último en tratarse y en el pasilleo del Congreso muchos lo daban por caído. El dictamen de mayoría de LLA, PRO y UCR es la “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”. Apuesta a la información: precancelación de deudas, trazabilidad completa de las obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo en bancos y plataformas. No fija topes a las tasas ni crea planes de refinanciación para quienes ya están en mora.
El dictamen de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, la “Ley de Regularización y Alivio Financiero”, declara una emergencia de 180 días. Crea un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para deudas con más de 60 días de atraso, por hasta dos canastas básicas de un hogar tipo 2 (unos $3,2 millones). Las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos, y el BCRA intervendrá si el acreedor se niega. Además, condona el 100% de los punitorios y limita los intereses compensatorios con un margen sobre la TAMAR.
La oposición buscará ir al choque en el debate, especialmente tras los dichos del primer mandatario en Neuquén días atrás, donde cuestionó cómo la gente hace para comer y beber si no llega a fin de mes. En el debate por la morosidad, el oficialismo buscará contraponer una estrategia de prevención y educación financiera, mientras que la oposición tiene un dictamen propio con un régimen para aliviar la situación de los sobre-endeudados.
Argentina Federal también presentó un tercer dictamen en este sentido, firmado por Herrera Ahuad y la salteña Yolanda Vega, con una posición intermedia. Fija un tope a las tasas de 1,5 veces la de plazo fijo a 30 días mientras dure una emergencia de un año. Crea un programa de desendeudamiento con eje en el Banco Nación: créditos a tasa fija de hasta el 35%, a 24 meses como mínimo y para quienes ganen hasta diez salarios mínimos. Suma también un régimen de quiebra para personas, con exoneración de las deudas que no se puedan pagar. En las últimas horas, el bloque eliminó las exenciones de IVA y subordinó la Ley de Concursos y Quiebras a su nuevo régimen.
