El Gobierno de Javier Milei festejó por estas horas la recomposición de la séptima revisión en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entendimiento por el cual se establecieron metas de corte macroeconómico y financiero que deben ser acompañadas por políticas de austeridad que tendrán a diferentes carteras de la Administración Pública como protagonistas ineludibles.
Los representantes económicos de la gestión mileista, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, fueron quienes en las sucesivas reuniones que mantuvieron con el personal del Fondo manifestaron que será el propio gobierno el que lleve la iniciativa del ajuste del gasto público, dado que es visto como una de las anclas de la inflación a mediano plazo.
Milei autorizó que la meta fiscal para este año sea de un superávit primario del 2% del PBI este año y sin ninguna forma de financiamiento de mercado. Si bien aún no se conoce el dato concreto, se estima que el INDEC oficializará que el déficit primario terminará cerca del 3%. El punto de partida para el recorte del gasto es significativo y terminará por afectar los fondos y programas que antes tenían carteras del gobierno.
"La racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales, y gasto en infraestructura de menor prioridad", indicó el staff del FMI en comunicado que detalló las condiciones de la revisión del acuerdo.
El recorte en los "costos administrativos"
El Gobierno apunta a realizar un profundo plan de ajuste en la cosa pública. No solo en cuanto a la planta estatal, sino también en los bienes e inmuebles que son propiedad del Estado Nacional en todo el país.
En ese sentido, la administración Milei dio un primer paso al dar de baja a unos siete mil empleados que ingresaron a la planta pública a partir del primero de enero de 2023. La negativa por renovar estos contratos abarcó al Ejecutivo y entes públicos determinados como la ANSES, el PAMI y la AFIP.
El recorte podría profundizarse debido a que hay otros 45 mil empleados que están en revisión por los siguientes 90 días. Una muestra -mínima, eso sí- de ello es lo que sucedió en Aerolíneas Argentinas, lugar en el cual se redujo el 43% de la planta gerencial.
En tanto, el Gobierno resolvió por decreto que las áreas de Gobierno redacten un extenso informe con todos los empleados públicos activos y de las licitaciones vigentes. El organismo encargado de recopilar cada uno de esos informes es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a cargo de Miguel Blanco.
Esto se une a otra acción de gran calibre que impulsa el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien está a cargo de coordinar la auditoría interna de los bienes e inmuebles del Estado Nacional para la posterior venta o subasta de los que se consideren "prescindibles". El órgano que intervendrá en esto es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que tiene como titular a Nicolás Pakgojz. Según indican cerca de Posse, el informe con los números que implicaría aquellas ventas no estará hasta marzo.
Subsidios a la energía y transporte
La Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo se encargó de informar en las audiencias públicas que organiza el Enargas que las tarifas para usuarios residenciales de gas en todo el país se duplicarían desde el mes que viene si es que prospera la solicitud de readecuación de los montos que presentaron las empresas distribuidoras y transportadoras.
El funcionario anunció un nuevo esquema de subsidios en las tarifas de gas y electricidad, que se aplicará desde el 1 de abril. Desde esa fecha, se tomará en cuenta el ingreso total del grupo familiar y una "canasta básica energética" para cada zona del país. Esos indicadores determinarán el monto de la asistencia estatal para cada tipo de hogar.
A pesar de esas informaciones, aún se desconoce el monto específico que pudiera llegar a implicar esos aumentos.
Esto se suma a los avances que hay en las negociaciones por subas de tarifas entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias de colectivos de diferentes puntos del país. A los conflictos que podrían gestarse en el AMBA sobre el corto del boleto se añaden los paros que ya sucedieron en Río Negro, Jujuy y otros puntos del país.
En la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense el boleto prevé pasar a los tres dígitos a partir del mes que viene con aumentos mensuales. Si bien surgió la versión de que se iban a retirarse un 33% de los subsidios en febrero, marzo y abril; desde la cartera de Transporte a cargo de Franco Mogetta marcan que "no está definido" y que los aumentos mensuales o bimestrales tienen que establecerse nuevamente en audiencias públicas, dado que ese esquema implementado el año pasado venció con el comienzo de 2024.
Los planes del Gobierno para las obras públicas y la vivienda
El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, es uno de los que deberá transitar un primer año de gestión con fuertes recortes en su área. Esta cartera consta de tres secretarías que antes tenían rango ministerial: Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Hábitat. En tanto, Milei ya comunicó que tiene planes particulares para cada uno de estos "ravioles" y que "habrá que pasar el 2024".
Mientras que para el peronismo la obra pública siempre significó una herramienta para "dinamizar" la economía, Milei inauguró su gestión anunciando que se planea un esquema de financiamiento e inversión privado. Esta nueva propuesta está inserta en la ley ómnibus que está en tratamiento en el Congreso y todavía precisa el visto bueno de los legisladores.
Mientras este no sea reglamentado, los fondos destinados a la obra pública son los mismos que estaban presentes en el Presupuesto 2023, el cual se prorrogó por decisión del Presidente. "La inversión autorizada se ve reducida en valor real al 40%", advirtieron desde las cámaras de la construcción en una nota de El Cronista. La sola prórroga de los mismos números del año pasado implica una pérdida de poder adquisitivo en esos fondos por el impacto inflacionario y de la devaluación.
Desde las empresas pymes de este rubro marcan que el esquema privado puede traer dificultades para obras vitales para distritos pequeños: "Puede que tengas inversores para una ruta, pero no para una escuela rural", indican.
Según indican fuentes gubernamentales en diálogo con este medio, "las obras que se van a priorizar serán según su grado de avance". Del aproximado de 2800 obras que están en planificación o ejecución, un pequeño fragmento corresponde a las que ya están en ejecución. El Gobierno priorizará gastar sólo en estas últimas durante los próximos meses. También seguirán adelante aquellas que se puedan sustentar mediante aportes privados o con financiamiento internacional.
Una incertidumbre de gran tamaño que había en las últimas semanas era la voluntad del Gobierno por avanzar en la reversión del Gasoducto Norte, vital para sustituir importaciones de gas natural de Bolivia en este invierno. Finalmente, esta semana ENARSA decidió avanzar con esta obra pública, pero bajo el pedido expreso a las constructoras Techint y Sacde de que bajaran sus precios antes de avanzar en la adjudicación.
El titular de la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda Héctor Lostri también tendrá un desafío para poder desarrollar sus partidas. En esa área hay algunos planes para articular al sector público con el privado, pero todavía no hubo anuncios específicos.
