

Estados Unidos intensificó su respuesta militar al narcotráfico en el hemisferio: el portaaviones nuclear Gerald R. Ford, la unidad más sofisticada de la flota estadounidense, ha sido enviado al Caribe para reforzar una operación que ya cuenta con varios buques, un submarino y aviones furtivos.
La noticia llega en medio de un nuevo ataque nocturno contra una embarcación sospechada de transportar drogas, que dejó seis muertos, y tras la imposición de sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro.
Estados Unidos y un despliegue sin precedentes en el Caribe: nuevo ataque al narcotráfico
Según el Pentágono, el Ford se sumará a una flotilla que ya incluye ocho buques de guerra, un submarino, aviones F-35 y más de 2.000 militares. La presencia de la mayor plataforma aérea de la Armada -con capacidad para más de 75 aviones y potentes radares- busca mejorar la detección y desarticulación de redes de contrabando que operan en rutas internacionales del Caribe y el Pacífico.

La acción anunciada este viernes es el décimo ataque atribuido a las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones señaladas por inteligencia como parte de rutas de la droga. El secretario de Defensa informó que la embarcación atacada estaba vinculada al Tren de Aragua, catalogado por Washington como organización terrorista.
Los ataques han provocado ya decenas de muertes; autoridades estadounidenses sostienen que buscan desmantelar organizaciones criminales, mientras que críticos denuncian riesgos para la vida de civiles.
Tensiones diplomáticas con Colombia y Venezuela
En paralelo al escalón militar, el Gobierno estadounidense impuso sanciones contra el presidente Gustavo Petro y miembros de su entorno, incluidos familiares y altos funcionarios, aludiendo presuntas conexiones con el narcotráfico. La medida agudiza la tensión entre Washington y Bogotá y complica la cooperación bilateral en seguridad.
En Washington se discute la posibilidad de ampliar los blancos más allá del mar: fuentes citadas por medios han señalado que la Casa Blanca evalúa ataques a instalaciones productoras de cocaína dentro de Venezuela, y el presidente Donald Trump ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de proteger redes criminales. Además, la administración habría autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, según comunicados oficiales.
Resistencia en el Congreso de Estados Unidos
La estrategia militar no está exenta de controversia. Legisladores de ambos partidos cuestionan los poderes ejecutivos invocados para estas operaciones y reclaman que el Presidente solicite autorización del Congreso para el uso prolongado de fuerzas. Un proyecto que restringía estas acciones no obtuvo los votos necesarios, pero los críticos anunciaron nuevas iniciativas parlamentarias.
La Casa Blanca presenta la campaña como una respuesta directa al daño que las drogas hacen en Estados Unidos y a la necesidad de cortar rutas y redes. Sin embargo, analistas y políticos alertan sobre el riesgo de escalada regional, la posibilidad de víctimas colaterales y el impacto diplomático de sanciones dirigidas a jefes de Estado aliados.
Mientras el Gerald R. Ford navegue hacia el Caribe, la región observa con preocupación: el aumento de la presión militar y las sanciones abiertas podrían cambiar no solo la lucha contra el narcotráfico, sino también las relaciones entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos.
















