En esta noticia
- Una subasta sin audiencias públicas ni revisión legislativa
- Terrenos alejados, riesgo de incendios y falta de infraestructura
- ¿Dónde están ubicadas las tierras en venta?
- Expertos en disputa: ¿oportunidad o retroceso ambiental?
- ¿Qué tierras quedan protegidas?
- Un cambio de paradigma en la política de tierras públicas
En una decisión sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos activó una medida que autoriza la venta de hasta 104,4 millones de hectáreas de tierras públicas, en lo que ya es considerada como la mayor desincorporación de terrenos federales en la historia moderna del país.
La disposición forma parte del paquete fiscal aprobado por el Senado, que incluye la subasta de tierras gestionadas por la Oficina de Administración de Tierras (BLM) y el Servicio Forestal de EE.UU. (USFS).
A través de este mecanismo, se busca recaudar 29.000 millones de dólares entre 2025 y 2034 mediante la venta de tierras y la concesión para la explotación de recursos naturales como gas, petróleo, carbón, geotermia y madera.
Una subasta sin audiencias públicas ni revisión legislativa
La legislación establece que ambas agencias deben vender al menos 809.000 hectáreas en los próximos cinco años, con un sistema de nominación acelerada cada 60 días, sin requerir audiencias públicas ni deliberación legislativa.
Mientras desde el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado aseguran que el objetivo es dar respuesta a la crisis de vivienda que afecta al oeste del país, organizaciones ecologistas y académicos expresan preocupaciones crecientes sobre las implicancias sociales, ambientales y legales del proyecto.
Terrenos alejados, riesgo de incendios y falta de infraestructura
Según The Wilderness Society, muchos de los terrenos seleccionados para la venta no son aptos para el desarrollo inmobiliario. De hecho, estudios citados por la organización advierten que menos del 2% de las tierras del BLM y el USFS están cerca de centros poblados, y una gran parte enfrenta alto riesgo de incendios forestales o carece de acceso a servicios básicos.
"Esta medida implica perder áreas recreativas, hábitats críticos y corredores migratorios de fauna para obtener ingresos de corto plazo que beneficiarán a intereses privados", señaló la organización en un comunicado.
¿Dónde están ubicadas las tierras en venta?
Las superficies disponibles se concentran en 11 estados del oeste del país, encabezados por Alaska, con más de 33,5 millones de hectáreas, seguida por:
Nevada: 13,6 millones
Oregón e Idaho: 8,8 millones cada uno
Utah: 7,6 millones
California: 6,8 millones
Wyoming: 6 millones
Colorado, Arizona y Nuevo México: 5,8 millones cada uno
Washington: 2,2 millones
Varios de estos terrenos están catalogados como hábitats para especies protegidas, reservas naturales o áreas recreativas utilizadas por comunidades locales.
Expertos en disputa: ¿oportunidad o retroceso ambiental?
El impacto económico también divide opiniones entre expertos y académicos. Para Patrick Parenteau, profesor de derecho ambiental en Vermont Law and Graduate School, el plan no resolverá los desequilibrios presupuestarios del país:
"La venta de tierras públicas no tendrá un efecto significativo en la reducción del gasto federal".
Además, advirtió sobre el desequilibrio en el proceso de subasta:
"Los terrenos más atractivos para desarrolladores -aquellos cercanos a ciudades o destinos turísticos como Lake Tahoe- podrían ser adquiridos por individuos adinerados o empresas inmobiliarias, restringiendo el acceso público a zonas de recreación".
Sin embargo, otros ven la iniciativa con buenos ojos. Wendie Kellington, abogada especializada en políticas de uso del suelo, aseguró que tendrá beneficios concretos:
"El 5% de las ganancias será destinado a la mantención de tierras federales, lo que ayudará a cubrir el retraso acumulado en infraestructura".
También destacó la necesidad urgente de vivienda en las zonas seleccionadas.
Desde la academia, Deborah Sivas, directora de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Stanford, advirtió sobre la viabilidad real del proyecto:
"La mayoría de estas tierras son remotas, sin servicios básicos, y su valor en el mercado privado es limitado".
Y recordó que:
"Desde 1976, la política federal ha sido conservar -no vender- terrenos públicos, una postura respaldada por encuestas recientes".
¿Qué tierras quedan protegidas?
Aunque la legislación excluye explícitamente la venta de parques nacionales, ríos escénicos, refugios de vida silvestre y sitios históricos, especialistas alertan que muchas de las zonas afectadas funcionan como espacios recreativos para comunidades locales o como reservas de biodiversidad esenciales.
En la Cámara de Representantes, una propuesta similar fue parcialmente retirada tras la oposición de legisladores republicanos, quienes impulsan una alternativa que prioriza el acceso público sin recurrir a la venta directa.
Un cambio de paradigma en la política de tierras públicas
La medida, revisada por última vez el pasado 14 de junio, podría votarse en el Senado antes del 4 de julio, en coincidencia con la fecha límite establecida para aprobar el nuevo paquete fiscal.
De concretarse, marcaría un cambio drástico en la política de conservación deEstados Unidos, con efectos que podrían extenderse durante décadas. La venta masiva de tierras públicas plantea un interrogante clave: ¿cuál es el precio real de perder acceso a la naturaleza en favor del desarrollo económico?
