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Una nueva medida migratoria impulsada por la Administración Trump vuelve a generar controversia en el escenario internacional. A partir del 20 de agosto, ciertos viajeros que soliciten visas de turismo o negocios hacia Estados Unidos deberán pagar una fianza económica de entre 5.000 y 15.000 dólares, según las condiciones establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La disposición aplicará inicialmente como un programa piloto de un año y busca frenar las estadías prolongadas no autorizadas, una de las principales preocupaciones del gobierno norteamericano en materia de control migratorio.
Visa más cara: cuáles serían los principales países afectados
La nueva normativa no será de aplicación generalizada. Estará dirigida exclusivamente a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia tras el vencimiento de la visa y sistemas de documentación considerados poco confiables.
Según el DHS, también se incluirán naciones que otorgan ciudadanías por inversión sin requisitos de residencia, algo que, según explican, facilita la elusión de controles migratorios.
Aunque aún no se difundió el listado oficial de países alcanzados, los datos previos revelan algunos posibles afectados: Angola, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Mauritania, Cabo Verde, Burkina Faso y Afganistán, entre otros. La nómina definitiva se hará pública 15 días antes del lanzamiento del programa.
¿Qué implica esta nueva política para los viajeros?
Aquellos solicitantes de visa seleccionados deberán depositar la fianza como requisito para su ingreso al país. Esta suma será reembolsada en caso de que el viajero respete el plazo autorizado de permanencia, obtenga la naturalización estadounidense o fallezca. En cambio, si el visitante permanece más allá del tiempo permitido, podría perder el dinero como forma de cubrir los costos asociados a su expulsión del país.
La implementación ha generado críticas entre organizaciones defensoras de los derechos migratorios, quienes advierten que esta medida restringe el acceso al país a sectores más vulnerables y desalienta el turismo desde regiones en vías de desarrollo.
Excepciones y nuevas tarifas para 2026
Quedarán exentos de esta política los países que integran el Programa de Exención de Visa, un acuerdo que permite a ciertas naciones enviar turistas a EE.UU. sin necesidad de visado. Además, los funcionarios consulares podrán eximir de la fianza en casos específicos, aunque no se detallaron los criterios de evaluación.
Esta iniciativa se suma a otra reciente modificación migratoria: a partir de 2026, entrará en vigencia una nueva "tarifa de integridad" de 250 dólares, que se aplicará a los trámites de visas de no inmigrantes, como las de turismo, estudio o trabajo, y podría aumentar los costos de manera considerable.
Un retorno con antecedentes polémicos
Cabe recordar que una versión anterior de esta política fue impulsada en noviembre de 2020, durante la última etapa del primer mandato de Trump, pero no logró ejecutarse plenamente debido a las restricciones de viaje por la pandemia. En aquel momento, afectaba principalmente a países africanos con índices de estadía irregular superiores al 10%.
Con esta nueva activación del plan, la Casa Blanca refuerza su enfoque en la seguridad migratoria como prioridad política, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado, que ha señalado en reiteradas oportunidades que este tipo de medidas puede resultar costoso, ineficaz y difícil de administrar.
