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Una orden ejecutiva de Donald Trump desató una intensa polémica en Estados Unidos al intentar eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de inmigrantes.
Aunque actualmente su implementación está frenada por la justicia, un nuevo estudio revela que esta medida podría tener un efecto totalmente opuesto al que busca: en lugar de reducir la inmigración irregular, provocaría un aumento masivo de personas sin estatus legal durante las próximas décadas.
Trump intenta eliminar la ciudadanía por nacimiento en 2025
El debate sobre el derecho de ciudadanía por nacimiento volvió al centro de la agenda política en 2025, tras el regreso de Trump a la presidencia.
El exmandatario firmó una orden ejecutiva que cambiaría el principio constitucional conocido como jus soli, que garantiza la nacionalidad a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Según la orden, solo recibirán la ciudadanía estadounidense al nacer los hijos de al menos un padre con residencia permanente legal o ciudadanía. Esto excluiría a bebés nacidos de inmigrantes con visas temporales, en situación irregular o incluso combinaciones de ambos grupos.
¿Qué impacto tendría esta política migratoria?
Un estudio conjunto del Migration Policy Institute (MPI) y la Universidad Estatal de Pensilvania advirtió que, de aplicarse esta medida, el número de personas sin ciudadanía enEstados Unidos crecería de forma drástica:
Cada año, 255.000 niños nacerían en suelo estadounidense sin acceso automático a la ciudadanía.
Para 2045, habría 2,7 millones más de personas no autorizadas que bajo la ley actual.
En 2075, la cifra escalaría a 5,4 millones adicionales, lo que representa un aumento del 40% en la población indocumentada proyectada.
Una subclase sin derechos: el riesgo de heredar la irregularidad
El informe destaca un fenómeno preocupante: la creación de una subclase multigeneracional de personas nacidas en Estados Unidos, pero privadas de cualquier estatus legal. Se estima que para 2075 habría al menos 1,7 millones de personas en esa situación, hijos de padres también nacidos en territorio estadounidense pero sin nacionalidad.
Este grupo compartiría la vida cotidiana con ciudadanos -en escuelas, barrios y empleos- pero sin contar con protección legal, lo que podría generar tensiones sociales, exclusión estructural y mayores obstáculos para acceder a oportunidades económicas.
"Estamos creando una ciudadanía de segunda clase, sin ningún camino legal claro para alcanzar derechos básicos", advierte el estudio.
La Corte Suprema decidirá el futuro de la medida
Aunque la orden ejecutiva ya fue bloqueada por tres tribunales federales, el tema llegó a la Corte Suprema el pasado 15 de mayo. Allí se definirá si este intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no.
Mientras tanto, miles de familias viven en incertidumbre, ya que la decisión podría modificar uno de los pilares del sistema de derechos en Estados Unidos.
