Buquebus no renueva en el puerto de Montevideo

Algo se quebró en la estable relación que desde siempre mantuvo el empresario argentino Juan Carlos López Mena con las autoridades uruguayas.
Aún resta más de un año para el vencimiento del contrato que Buquebus firmó en 1994 por la concesión de la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo, con la posibilidad de extenderlo hasta 2024. Sin embargo, el gobierno resolvió que el 16 de noviembre de 2015 finalizará la concesión, y anunció que ya se comenzó a trabajar en la redacción de los pliegos para llamar a una nueva licitación que exigirá inversiones, un nuevo canon y un nuevo plazo
El 16 de noviembre de 1994, Los Cipreses SA (Buquebus) firmó un contrato con la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP), por la concesión de la Terminal Fluvio Marítimo de Pasajeros del Puerto de Montevideo por un plazo de diez años prorrogables por períodos adicionales y sucesivos por un máximo de 30 años, es decir, hasta la misma fecha de 2024.
En 2005, durante la Administración de Tabaré Vázquez, el ex ministro de Transporte, Víctor Rossi, concedió una prórroga por cinco años.
En el mes de abril se resolvió, en acuerdo con el Ministerio de Transporte y con el aval del presidente José Mujica, firmar la prórroga por cinco años, que vence el 16 de noviembre de 2015. Será la última porque se decidió que la concesión termine y se haga un llamado a licitación. El pliego pedirá más inversiones en la terminal y fijará un nuevo canon y plazo señaló el presidente de la ANP, Alberto Díaz, al diario El País.
Si bien el interesado natural es Buquebus, Díaz dijo que no sería correcto que sea un llamado dirigido. Los arquitectos tendrán que ver muy bien qué van a pedir para que los pasajeros estén más cómodos, y eso repercute en el canon y el plazo del nuevo contrato. Podríamos hacer como en Colonia y declarar que la terminal sea pública, pero parece más fácil hacer de nuevo la concesión, señaló.
Fuentes de Buquebus, señalaron que la empresa no pidió 10 años de prórroga y consideraron que resulta llamativo que faltando más de un año para el vencimiento de la última prórroga resuelvan que no le van a prorrogar más y le encomienden a la ANP hacer una licitación justo cuando en todos los medios se anuncia que fuentes judiciales citarán a declarar a López Mena.
En 2010, la Intendencia de Montevideo aprobó un mega proyecto del dueño de Buquebus, que implicaba el traslado de la terminal de pasajeros hacia la costa de Capurro, frente al puerto, como parte de un gran complejo con hotel cinco estrellas, un edificio de viviendas y un astillero naval con una inversión de u$s 100 millones.DragadoEl proyecto dependía de un dragado que asegurara la conexión al canal principal, cuyo costo, de unos u$s 20 millones, Buquebus pretendía que fuera asumido por el Estado. Díaz dijo que la ANP propuso que se pagara con una tasa que se cobraría a los pasajeros, pero no hubo acuerdo. Ese proyecto era bueno para trasladar la terminal pero parece que está lejos de concretarse, dijo Díaz.
López Mena ya anticipó que recurrirá esta resolución del gobierno.
Estamos recurriendo esa resolución aunque eso no afecta nuestro negocio ya que sin importar de quién sea la terminal, el servicio de embarque y desembarque de pasajeros se seguirá prestando, como pasa en Colonia donde la terminal es del Estado, aseguró el empresario.
Para entender este cambio de ánimo de parte de las autoridades uruguayas, hay que trasladarse al 31 de octubre de 2012. Ese día, a su oficina de Montevideo, López Mena recibe la visita del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, junto al presidente del Banco República, Fernando Calloia. Era una jornada clave para el desenlace del escándalo de Pluna. No había más tiempo y el aval bancario por u$s 13,6 millones del remate de los aviones de la ex aerolínea de bandera debía ser ejecutado. Los emisarios del presidente José Mujica fueron con directivas claras: manifestarle al empresario naviero que se debía hacer cargo y pagar, ya que había dado la cara por la firma española Cosmo. La historia continuó con idas y vueltas hasta que López Mena firmó un compromiso de pago, aunque con cláusulas gatillo, una de las cuales decía que no pagaría si el remate se declaraba nulo. Ese mismo día fue el comienzo del cambio de relación entre el gobierno y un empresario que fue capaz de tener buen vínculo con todos los partidos políticos de Uruguay.