La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica modifica las reglas de participación pública y privada en proyectos prioritarios, con la intención de acelerar su ejecución. No obstante, Banamex advirtió que su aplicación ocurre en un escenario de margen fiscal limitado, lo que podría sumar presiones a las finanzas públicas. Según el análisis de la institución, la reforma redefine el papel del Estado como impulsor de obras estratégicas. Sin embargo, también implica cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que flexibilizan el manejo del gasto público y permiten esquemas extrapresupuestarios, lo que podría aumentar el riesgo de generar pasivos contingentes. Banamex destaca la nueva definición del gasto corriente estructural, que ahora deja fuera programas sociales y pagos de personal en sectores como salud, educación y seguridad. De acuerdo con la firma, la reclasificación puede hacer que la presión del gasto parezca menor en indicadores fiscales relevantes, aunque las obligaciones presupuestarias sigan existiendo. El análisis señala que este ajuste puede facilitar un mayor crecimiento del gasto en ciertos rubros o alterar la forma en que se mide la presión fiscal, sin que ello implique necesariamente una reducción real del gasto total. En materia de inversión, la ley contempla mayor flexibilidad para desarrollar proyectos mediante esquemas mixtos, como: Estos mecanismos permiten canalizar recursos e incluso aplazar algunos impactos fiscales mediante estructuras fuera de balance. Para Banamex, esta mayor flexibilidad también podría debilitar controles presentes en los modelos tradicionales de asociaciones público-privadas, diseñados para contener riesgos como: Además, la reforma abre la posibilidad de iniciar contrataciones sin contar con suficiencia presupuestaria. Esto podría comprometer recursos de ejercicios futuros y trasladar presiones al gasto de próximos años. La institución también recordó que las finanzas públicas ya enfrentan presiones estructurales por conceptos como: En paralelo, el crecimiento de los ingresos tributarios sigue siendo limitado. En este contexto, la deuda pública pasó de 43.6% del PIB en 2018 a 53.2% en 2025. Banamex añadió que, aunque la reforma promete mayor certidumbre regulatoria, no resuelve problemas de fondo que afectan la inversión en México, como el deterioro institucional, el debilitamiento del Estado de derecho y la pérdida de confianza del sector privado. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro aseguró que los recursos pensionarios de los trabajadores están resguardados pese a la aprobación de la nueva ley. El organismo explicó que el sistema de ahorro para el retiro opera bajo reglas claras y supervisión permanente, por lo que no existe riesgo de un uso discrecional de los fondos. Según la asociación, las inversiones de las Afores están sujetas a la regulación vigente y a la vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que garantiza controles sobre el manejo del dinero. También recordó que desde octubre de 2024 la Consar actualizó el régimen de inversión para permitir que hasta 30% de los activos se canalicen a instrumentos estructurados, un límite que ya estaba previsto previamente. Además, destacó que cada Afore evalúa de forma independiente y profesional los proyectos, bajo un deber fiduciario que prioriza la seguridad y rentabilidad del ahorro de los trabajadores.