¿El plan de Kicillof es ponerse el casco?

Cristina y Kicillof volvieron a sorprender a propios y extraños. Desde que surgió el escollo de los fondos Buitre, se encargaron de archivar la hoja de ruta trazada desde la devaluación de enero (nuevo índice de precios acordado con el FMI, Club de París, pago a Repsol, juicios del CIADI, etc), una agenda sin mística, forzada por la escasez de dólares. Sin trato con los Buitres, no es posible volver a pasar la gorra en el mercado internacional de capitales, así que Cristina parece ahora resignada a la nueva versión de vivir con lo nuestro que le propone Kicillof.


La diferencia con el golpe de timón que aceptó en enero (cuando el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, asumió la responsabilidad del salto del dólar y la suba de tasas para cauterizar la sangría de reservas) hoy Cristina no está asustada, sino entusiasmada con el rumbo. La gesta anti buitre es la bandera soñada para el márketing político K. Un enemigo perfecto multipropósito: sirve para frenar los reclamos sindicales, demorar la pelea feroz por la sucesión dentro del peronismo y descolocar a una oposición que, para incomodidad del relato, aplaudía el anterior giro de la política oficial. Pero además, los Buitres son la amenaza ideal para justificar una realidad económica a esta altura inocultable, que combina recesión, altísima inflación, cepo al dólar y destrucción de empleos. La teoría de que (justo a nosotros) el mundo se nos cayó encima se había agotado. La épica es ahora más potente: los Buitres vienen por todo (el modelo, empleo, el petróleo, la estabilidad, el futuro), y de ahí la insólita dramatización con la ley antiterrorista.


Al margen de tanta hojarasca, todos creían que Cristina había decidido llegar a diciembre de 2015 tratando de ordenar algunas cuentas y con una recuperación económica moderada en el último año de su gestión. Suponiendo que existiera tal voluntad, es evidente que el Gobierno no cuenta con margen político para encarar ninguna tarea (recortar subsidios a la energía y el transporte, achicar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria, anclar la inflación) que aligere los desafíos de la próxima administración. Pero nadie imagina que Kicillof haya convencido a la Presidenta de llevar a la práctica aquella consigna del troskismo de cuanto peor, mejor.


Todavía quedan optimistas que sospechan que la Casa Rosada jugueteará con la bandera anti buitre hasta enero, cuando expira la cláusula RUFO. Y si para entonces la economía continúa en el tobogán buscará una salida decorosa que le permita abrir una ventanilla de financiamiento con que reanimar al modelo.


Salvo un shock externo de dólares, no hay motor del crecimiento que el Gobierno pueda encender en el próximo año. Ese ingreso de dólares extraordinario no ocurrirá. El viento de cola en lo comercial ya no soplaría tan favorable: la soja en Chicago sigue con tendencia a la baja en los contratos de futuros; la demanda de Brasil continua enfriándose; y el atraso cambiario mantiene planchadas a las exportaciones industriales.


El INDEC de Kicillof volvió a las andadas y de nuevo dibuja los datos de inflación. Aún así el IPC oficial acumula 16,7% en los primeros 7 meses del año y se comió ya gran parte de la suba del 26% del dólar oficial en lo que va del año. Según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación enero-julio fue del 25,4%, así que al menos en la Ciudad casi todo estaría tan caro en dólares como antes de la devaluación de enero. Si el Gobierno utiliza el dólar oficial como única ancla de expectativas, como ocurrió en el último mes, el atraso cambiario se profundizará, junto con la caída de las exportaciones.


Tampoco hay chance de reactivar el consumo con los salarios y las jubilaciones corriendo por detrás de los precios. La medición interanual de la Ciudad de Buenos Aires a julio arroja una inflación del 39,8% (41,5% para alimentos), casi 10 puntos arriba del promedio de mejoras salariales. No es mucho lo que pueda hacerse con la política fiscal para contrarrestar la tendencia. Cristina dijo en cadena nacional que, como los empresarios no la ponen (plata para la inversión), el Estado debe hacerse cargo y anunció un programa (Repro y empleo joven) que representa unos $ 3000 millones. Suponiendo que no existiera burocracia, corrupción y otras ineficiencias y todo ese dinero llegara al bolsillo de los ciudadanos representaría apenas un 0,1% de un consumo anual valuado en u$s 300.000 millones.


El Gobierno tampoco debiera esperar un shock de inversiones directas como motor del crecimiento.


En este escenario de recesión con alta inflación (que en el mejor de los casos se prolongará), habrá que monitorear de cerca el proceso de dolarización acelerado por las señales enviadas en las últimas semanas por Kicillof: pateó el tablero de la negociación de los bancos con los buitres, forzó a Fábrega a bajar la tasa de interés justo cuando se dispara la emisión monetaria para financiar al fisco, impulsa el proyecto de ley de abastecimiento para controlar a las empresas, el dólar oficial fijo para contener la disparada del blue, y más cepo al dólar con restricciones a las importaciones. Todas medidas que redundan en una mayor demanda y/o desalientan la oferta de dólares. Los que intentan racionalizar las decisiones de Kicillof hablan, generosos, de un plan.

Bajar tasas y financiar más gasto público para intentar sostener el nivel de actividad. La ley de abastecimiento no solo para controlar precios mientras se cierran las importaciones sino también para presionar al campo y otros sectores para que vendan sus dólares. Sería un plan para vivir con una escasez crónica de divisas hasta el final de mandato, aceptando que habrá que enfrentar más inflación y presiones para devaluar. Algo así como ponerse el casco.

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